Ixil, Yucatán. — La defensa del territorio maya en el municipio de Ixil enfrenta una nueva controversia. Pobladores denunciaron públicamente una presunta operación simulada de defensa social que, lejos de proteger las tierras de uso común, habría favorecido intereses inmobiliarios privados en una zona estratégica del estado.
De acuerdo con habitantes de la comunidad, el activista Sergio Oceransky, representante de la organización Fundación Yansa, habría retrasado intencionalmente un proceso legal clave, lo que terminó beneficiando al empresario inmobiliario Alejandro Escoffie en la presunta privatización de más de cinco mil hectáreas de uso común.
Señalamientos directos desde la comunidad
“Dice llamarse defensor, cuando en realidad nos está violentando y dividiendo”, expresó Beatriz Garrido Vallejo, habitante de Ixil, acompañada del abogado Roberto Sánchez, quien calificó como contradictorio y sospechoso el proceder de quien se autodenomina defensor del territorio.
Los denunciantes sostienen que, desde la llegada de Oceransky a la asesoría legal del caso, los recursos interpuestos comenzaron a retrasarse sin resultados favorables, pese a que la comunidad había promovido diversos amparos para frenar cualquier obra en la zona.
El trasfondo: boom inmobiliario en el “triángulo de oro”
Ixil se ubica en una región estratégica cercana a Mérida y la franja costera, considerada por desarrolladores como parte del llamado “triángulo de oro” de la plusvalía en Yucatán. El auge inmobiliario ha generado tensiones entre empresas privadas y la propiedad social ejidal.
Habitantes señalan que la disputa se centra en terrenos del área conocida como “Plan de Ixil”, donde presuntamente se legitimó el despojo de más de 300 hectáreas.
Situación legal en 2026
A inicios de 2026, el conflicto permanece en estancamiento jurídico. La comunidad mantiene vigentes recursos legales argumentando que no se realizó consulta previa, libre e informada conforme al Organización Internacional del Trabajo y su Convenio 169 sobre pueblos indígenas.
Desde 2023, el movimiento había contado con el respaldo de agrupaciones como el MOCE Yax Cuxtal y el Consejo Indígena Maya de Bacalar y Yucatán, lo que inicialmente generó confianza entre los habitantes.
Sin embargo, aseguran que con la intervención de Fundación Yansa se gestionaron recursos económicos sin resultados jurídicos concretos. Además, denuncian que el activista se habría negado a informar avances y resultados de la defensa.
Acusaciones de división y criminalización
Beatriz Garrido afirmó que desde hace dos años ha sido objeto de difamaciones y criminalización dentro de la comunidad, lo que habría generado división interna y tensión social.
Asimismo, pobladores señalaron al entonces comisario ejidal Felipe de Jesús Aguilar Tuyub de presunta colusión con intereses inmobiliarios vinculados a las familias Abimerhi y Escoffie, acusándolo de recibir beneficios a cambio de legitimar operaciones sobre tierras de uso común.
Exigen retirar intervención
Ante este escenario, habitantes de Ixil solicitaron públicamente que tanto el comisariado ejidal como Fundación Yansa y Sergio Oceransky “saquen las manos” del proceso legal y permitan que la defensa territorial avance sin interferencias.
La comunidad advierte que, bajo el discurso de defensa social, podrían estarse ocultando intereses económicos que operan “como lobos con piel de oveja”, afectando la unidad y los derechos colectivos del pueblo maya.
