Comerciantes ambulantes de Ciudad Caucel denunciaron un nuevo intento de cobro de cuotas y presuntas amenazas, luego de que sujetos que serían identificados como cobradores de “La Concordia” acudieran durante la mañana de este viernes para exigirles dinero.
Según los afectados, los comerciantes se negaron a realizar el pago, por lo que los presuntos cobradores terminaron retirándose del lugar. Los denunciantes consideran que este hecho representa un nuevo intento por establecer cobros ilegales entre vendedores de la zona.
Los comerciantes cuestionaron que, en caso de tratarse de una actuación oficial relacionada con el comercio en vía pública, los involucrados debieron solicitar la intervención de inspectores municipales o de la policía, en lugar de retirarse tras la negativa de los ambulantes.
La situación también ha generado preocupación entre los vendedores, quienes aseguran que algunos comerciantes que se han negado a cubrir las cuotas han recibido presuntas amenazas y actos de intimidación.
Los denunciantes relacionan estos hechos con investigaciones que, según afirman, ya fueron abiertas ante la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal de Investigación y el área especializada en antisecuestros, bajo los números de averiguación UNAT/4849/D/UNADT y FGE/UECS/UNADT-134/2026.
En dichas denuncias se señala a Esteban Solís como presunto operador principal de esta estructura. No obstante, corresponderá a las autoridades determinar si existe responsabilidad penal y esclarecer la participación de las personas señaladas.
Los comerciantes también sostienen que los hechos podrían constituir el delito de extorsión, contemplado en la legislación penal estatal y federal, por lo que demandaron que las investigaciones avancen y se determinen responsabilidades.
El episodio más reciente, aseguran los afectados, ocurrió durante un momento de cobro y quedó registrado en imágenes en las que se observa a uno de los presuntos cobradores retirándose del sitio después de ser confrontado por comerciantes.
Ante este escenario, los ambulantes pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado, la PEI, la Secretaría de Seguridad Pública y el Ayuntamiento de Mérida, para evitar que el conflicto escale y garantizar condiciones de seguridad para quienes trabajan en la zona.
Los comerciantes también cuestionaron la falta de resultados que, desde su perspectiva, han tenido las denuncias presentadas y exigieron que las autoridades esclarezcan si existe una red de cobros ilegales y quiénes estarían detrás de ella.
